Las Administraciones Públicas tienen la obligación de pagar las facturas a los proveedores en un plazo de 30 días. En el caso de retraso deben abonar los intereses de demora y una indemnización por los costes de cobro.
Para hacer efectivos estos derechos es fundamental realizar la tramitación de forma adecuada: la reclamación contencioso administrativa.
Esta reclamación nos permite, previa reclamación administrativa y la falta de respuesta en el plazo de un mes, interponer una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra la Administración reclamando el importe de las facturas impagadas así como los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro. Además podemos obtener una respuesta inmediata del Juzgado por la vía de la solicitud de las medidas cautelares para obtener el cobro de manera muy rápida.
En DELTA ABOGADOS reclamamos con éxito para nuestros clientes todas las facturas que las Administraciones Públicas no atienden en el plazo legal establecido.
Agustín Pastor Juárez.
