La formalización de préstamos ICO COVID 19, ha sido una práctica muy extendida en el empresariado español. Son préstamos que realiza una entidad financiera y cuya devolución está avalada por el ICO (el propio Estado español). Este aval alcanza hasta el 80% del importe del préstamo para las pequeñas y medianas empresas.
Los problemas para los empresarios vienen cuando la reactivación de la empresa tras la pandemia no se produce y se ve obligada al impago de dichos préstamos ICO.
Y es en esta situación cuando sobreviene para el empresario la gran sorpresa de parte de la entidad financiera que concedió el préstamo ICO.
Muchas entidades financieras han actuado con una clara mala fe contractual con esas empresas al incluir en los contratos de préstamo ICO una fianza solidaria por el 100% del préstamo a los socios de las empresas con carácter personal. Esas cláusulas aparecen diluidas en el contrato y sin que el empresario tenga realmente conciencia de que están ahí y qué consecuencias produce.
La entidad no advierte que, aunque tenga una garantía de aval del Estado por el 80% del importe del crédito, con esa cláusula los socios se verían obligados a pagar la totalidad del importe del préstamo.
De esta manera la entidad financiera se salta la garantía del Estado que es subsidiaria y hace recaer la totalidad del pago del préstamo en el empresario, con todos sus bienes presentes y futuros y, solamente si esa garantía personal no resulta efectiva, el Estado se haría cargo de garantizar el préstamo.
En DELTA ABOGADOS estamos reclamando judicialmente la nulidad de estas cláusulas de aval personal y revisamos todos los préstamos ICO de nuestros clientes para aconsejarles cómo deben actuar ante estas prácticas abusivas e ilegales de los bancos.
Agustín Pastor Juárez.
